La vivienda

El Instituto Nacional de Estadística Español (INE) la define como aquel “recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal”.

Es la vivienda. Esa cuestión que recoge el artículo 25-1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 al nivel de la salud, la alimentación, el vestido o la asistencia médica. Tener tu propia casa, constituye uno de nuestros derechos básicos y, como tal, ha estado ligado al desarrollo del estado del bienestar.  

La política pública de vivienda en Europa se encuentra hoy implicada en una multitud de cuestiones de índole social, económico y político que superan la simple provisión de un techo, y constituyen elementos clave para responder a retos sociales invisibilizados hasta hace bien poco.

El incentivo a la compra de la vivienda ha sido objeto de numerosas acciones encaminadas a asentar a los sectores de la construcción y la banca, claves para el crecimiento general de la economía. En países como España, comprar un piso se ve casi como un paso lógico en el proceso de emancipación de la persona y hasta de reencuentro con la sociedad misma. Es más, cunde la idea de que la calidad de la vivienda comprada supera en mucho a la alquilada y es visto como una inversión patrimonial más allá de un bien de consumo que permite satisfacer una necesidad básica.

Sin embargo, la vivienda en propiedad supone unos costes que no todos pueden asumir. La supuesta seguridad que persigue tamaña inversión se transforma en una losa insostenible para muchas familias, que desemboca en la vulnerabilidad e incluso en la exclusión, en endeudamientos que sumergen a un sector de la población en la precariedad.

El hundimiento general de la economía que padecimos hace poco más de una década ha tenido entre sus consecuencias el inicio de miles de procesos de ejecución hipotecaria que, en demasiadas ocasiones, han dado lugar a lanzamientos con la subsiguiente pérdida de vivienda para muchas familias. El problema del sobreendeudamiento ha dejado de ser una inquietud individual del deudor y, de hecho, la crisis puso de manifiesto la necesidad de reorientar las políticas en esta materia.

La construcción de un elevado número de viviendas generó un significativo stock de 700.000 unidades acabadas, nuevas y sin vender, que contrasta con las dificultades de los ciudadanos para acceder a ese derecho del que hablábamos, especialmente de los sectores más vulnerables, a lo que se ha unido la restricción de la financiación por parte de las entidades de crédito.

En contraposición, la característica común de todas aquellas viviendas que podemos considerar “sociales” es que el acceso a las mismas se produce a través de mecanismos administrativos, en lugar de obtenerse a través del mercado. Esta característica las distingue de la vivienda libre.

La vivienda social está llamada a cubrir las necesidades habitacionales de grupos socioeconómicos muy diversos, pero es particularmente débil en España, y mucho más en lo que se refiere al alquiler. Apenas un 1,5 por ciento del total de viviendas de primera residencia en España integran el parque de alquiler social, lejísimos del 15 por ciento de la media de la Unión Europea, y manifiestamente insuficiente para satisfacer las necesidades de decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes que no pueden emprender un proyecto de vida independiente.

Esto puede resultar sorprendente porque este modo de tenencia aparece en todos los planes nacionales y autonómicos de los últimos treinta años, como una acción llamada a facilitar las cosas a familias que no tienen medios de compra, eliminando su dependencia abusiva del crédito y las hipotecas.

Como ya ha recordado la institución del Defensor del Pueblo, es aconsejable todo un giro en la política de vivienda, que mitigaría un problema social de calado, dando soporte a centenares de empresas que de una u otra manera se dedican al sector de la construcción y permitiendo contener un desempleo más que descontrolado.

Sería interesante retomar los planes de colaboración público-privada en el sector inmobiliario y profundizar en la siempre postergada política de cesión de suelo para edificar viviendas dedicadas al alquiler social mediante concesiones, reforzar las medidas tímidamente emprendidas en materia de reforma y rehabilitación de VPO y, de una vez por todas, encontrar la manera de incentivar la utilización de inmuebles construidos y/o deshabitados.

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